Nacionalidad española para puertorriqueños y cubanos por derecho histórico

España puede cambiar su historia

Al igual que hoy se admiten, justamente, las prerrogativas de los sefardíes a la nacionalidad española y dada la Nulidad de un Tratado que nunca fue refrendado por la Cortes del Reino, pedimos al señor Presidente del Gobierno que también reconozca por decreto, el derecho inalienable a la nacionalidad de puertorriqueños y cubanos, pues este reconocimiento, además de restablecer la equidad entre todos los descendientes de españoles que la perdieron en siglos pasados, abre perspectivas inimaginables para la hispanidad en el siglo XXI.

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La nulidad del Tratado de París según los independentistas puertorriqueños

Los primeros a desarrollar argumentos para invalidar en Tratado de París fueron los abogados puertorriqueños Pedro Albizu Campos[10] y Eugenio M de Hostos,[11] para este último la cesión de la isla por España sin tomar en consideración la opinión de sus habitantes,- que a diferencia de los cubanos no estaban enfrascados en una guerra civil-, fue simplemente un acto ilegal; por esa razón fundó el 2 de agosto de 1898 la Liga de Patriotas Puertorriqueños, un partido que tenía como objetivo el de “volver a poner dentro del Derecho a nuestra Madre Isla” cinco meses antes de que se conocieran los términos exactos del tratado.

Entre todos afinaron durante la primera mitad del siglo XX diferentes argumentos jurídicos para demostrar la nulidad insanable del tratado.[12][13][14] Se apoyaron no sólo en el derecho de gentes sino en el hecho que en el momento de los hechos las antiguas colonias españolas gozaban de un estatus jurídico particular –la autonomía- acordada el 27 de noviembre de 1897; por consiguiente, España no podía en ninguna circunstancia ceder la soberanía a la que ya había renunciado antes, ni mucho menos venderlas, sin el acuerdo explícito de sus habitantes.

Pero este no es el único argumento existente. Según la Constitución[15] española en vigor en el momento de los acontecimientos el Rey debía estar debidamente autorizado por las Cortes del Reino para ceder territorios. En efecto, el Título 6 Del Rey y sus Ministros, artículo 55, establece claramente[16] esta condición para poder “ceder, alienar o permutar cualquier parte del territorio nacional”. Esta autorización fue presentada,[17] pero en definitiva el Tratado nunca fue ratificado por las Cortes del Reino, pues los legisladores no admitieron, basados en le derecho de gentes,[18][19] que con los territorios se cedieran también ciudadanos españoles.

El último en demostrar la ilegalidad del Tratado de París fue Juan Mari Brás quien lo calificó de»experimento jurídico» probándolo el 18 de noviembre de 1997 con el fallo a su favor Ramírez de Ferrer vs. Mari Brás[1]: caso 144 D.P.R. Los efectos legales de este caso se concretaron con el reconocimiento de la ciudadanía puertorriqueña. El primer certificado de nacionalidad boricua fue otorgado el 13 de septiembre de 2007.[20]

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